Cómo cada 6 de diciembre, nuestra clase política ha celebrado, con más o menos entusiasmo, más o menos fingido, el aniversario de la Constitución Española. El aniversario de la Biblia que nos dimos los españoles para amalgamar un futuro feliz, libre y unido. El aniversario de la Carta Magna que nos aseguraba un futuro maravilloso y común, lejos de las "tinieblas" heredadas del antiguo régimen.
Más de tres décadas de constitucionalismo después, España es, pués, más que una Nación, un proyecto común, una suma de voluntades dirigidas en el mismo sentido. Lograr las mayores cotas de bienestar para todos los españoles por igual. Tener una voz alta, clara y fuerte en el exterior, dónde se tomen en consideración las ideas de nuestra gran y antigua Nación.
... O por lo menos, eso nos quieren hacer creer aquellos que ni ellos mismos se lo creen.
La España constitucional es la España de las diferencias, la España de los enconos fratricidas entre regiones y entre Comunidades. La España de las Autonomías Garrapata, que chupan la sangre hasta el último aliento, para beneficio propio, de los recursos que nos pertenecen a todos.
Es la España de los que no se consideran España.
Craso, gravísimo error, que estamos pagando a precio de oro, el parto putativo de una Nación de nacionalidades y regiones. Craso, terrible error, el querer inventarse una España feliz y unida para contentar a aquellos que jamás quisieron ser una Autonomía, aquellos que sólo entienden el día a día política desde el ansia de ir acaparando, poco a poco, más recursos y poder, hasta el día en que estén en disposición de decir adiós al resto de España, o el día en que, sin ser oficialmente independientes, puedan vivir, efectivamente, como si lo fueran.
No había ninguna necesidad. El Estado Autonómico puede funcionar en países donde no existan regiones con veleidades separatisas, dónde las Autonomías rijan sus destinos desde el más escrupuloso respeto y lealtad hacia la Nación común.
No es ese nuestro caso y, como no podía ser de otra forma, los incansables separatistas han aprovechado cada resquicio, cada norma, cada artículo estatutario, para ir arañando cotas de poder y, sobre todo, para ir acumulando recursos económicos de los cuales disponer para llevar adelante sus políticas cada vez más desintegradoras. Generando, además, un efecto agravio comparativo con las demás regiones que, a su vez, se han lanzado a exigir lo mismo para sus respectivos feudos.
Urge poner freno a esto. Urge dar un golpe en la mesa. Decir claramente, que esto no puede seguir así. Que la superviviencia de España está en peligro. Urge desmontar el Estado de las Autonomías tal y como se entiende en estos momentos. Urge recuperar la mayor parte de las competencias transferidas, empezando por la de Educación. Urge devolver al Estado el control de la mayoría de los recursos económicos de modo que pueda hacer una política social y económica común. Urge estipular las contadas materias que las Autonomías puedan gestionar y la cantidad de dinero que deban disponer para ello. Urge decir claro y alto que las distintas regiones se deben plegar a este nuevo estado de cosas o ver como se suspende su estatus autonómico.
Urge, urge, urge. Urge un gran Pacto de Estado que procure estos pasos indispensables. Un Pacto que supere la mínima resistencia que los nacionalismos puedan oponer.
Para lograr todo esto, la Constitución actual no sirve. Dejemos de congratularnos y darnos palmadas en la espalda cada cumpleaños, cada 6 de diciembre. Tenemos una Constitución que, pese a superar los 30 años tiene una edad mental infantil. Hay que hacerla madurar, ya.
Y esta vez, en beneficio de todos los españoles, no sólo de los que no se consideran tales.
Hasta entonces, infeliz aniversario.
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